El 18-07-2007 se promulga el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual se establece garantías, principios y bases para el acceso a la información pública en los ámbitos federal, estatal, municipal y en el Distrito Federal. Entre los principios establecidos figuran:

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
• La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
• Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
• Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Se establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del decreto.

El 15-07-2007 se aprueba la Ley No. 621 o Ley de Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas. La información privada en poder del Estado no es considerada de libre acceso público.

El artículo 6 estipula que cada entidad de las comprendidas en la presente Ley, debe crear una Oficina de Acceso Público para lo cual se deben reorganizar y adecuar los recursos existentes. Esta oficina depende de forma directa de la máxima autoridad de cada entidad y tiene como misión facilitar, a las personas que así lo demanden, el acceso a la información, creando un sistema de organización de la información y los archivos, con su respectivo índice de la información a su resguardo.

El artículo 13 contempla la creación de la Coordinación de Acceso a la Información Pública en cada poder del Estado, Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales, cuya función principal es velar en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento de la presente Ley y constituirse como segunda instancia para conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones denegatorias a las solicitudes de acceso a la información pública. En el caso de los Municipios, éstos elegirán a tres delegados que integrarán la Coordinación de Acceso a la Información Pública.

El artículo 14 establece la creación de la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, como un ente interinstitucional integrado por los funcionarios que ejercen la coordinación de acceso a la información pública en los poderes del Estado, Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales, cuyas funciones serán las de formular propuestas de políticas públicas, promover la formación y capacitación de los recursos humanos que demanda la presente Ley, promover la divulgación y el cumplimiento de la presente Ley en todas las entidades sujetas a la misma, y suscribir acuerdos de cooperación técnica con los órganos de acceso a la información pública de otros países.

El 18-10-2007, a través del Decreto Supremo No. 085-2007-PCM, se crea la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Se deroga el Decreto Supremo No. 002-2006-PCM del 16-01-2006 que modifica la denominación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad por la de Consejo Nacional Anticorrupción.

La ONA tiene por objeto perfeccionar los mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir, investigar y denunciar los actos de corrupción, así como garantizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia prevén la Ley del Código de Etica de la Función Pública (Ley No. 27815 del 12-08-2002) y la Ley Marco del Empleo Público (Ley No. 28175 del 18-02-2004).

El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adoptó, en una reunión que concluyó el 27 de junio de 2008, los informes sobre la implementación de dicho tratado en Canadá, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Guatemala.

Los informes, que forman parte de la segunda ronda de evaluaciones del cumplimiento de la Convención, examinan en detalle el marco jurídico-institucional y los resultados objetivos obtenidos en cada país. Además, formulan recomendaciones concretas sobre las áreas en las que aún se requieren avances adicionales. Los temas evaluados en esta ronda se refieren a la transparencia en la contratación de funcionarios públicos y en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, la protección de quienes denuncien actos de corrupción y la tipificación de delitos previstos en la Convención.

En esta segunda ronda, los informes también evalúan los avances logrados por los Estados en la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados en la primera ronda. En ellos se examinaron las medidas y resultados obtenidos por los Estados en materia de prevención de conflictos de intereses, declaraciones de patrimonio de quienes desempeñan funciones públicas, órganos de control superior, acceso a la información pública y otros mecanismos de participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción, y asistencia para la obtención de pruebas en la investigación y juzgamiento de actos de corrupción.

El MESICIC es un mecanismo establecido en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el cual los Estados se evalúan recíprocamente, en condiciones de igualdad, con respecto a las medidas tomadas y resultados obtenidos para aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asimismo, de acuerdo con los análisis, se formulan recomendaciones específicas en relación con áreas en que hay vacíos o problemas o que requieren mayores avances. Las organizaciones de la sociedad civil participan en este proceso de evaluación contribuyendo con información sobre cada país en los temas evaluados, tanto a través de documentos como de presentaciones en las reuniones del Comité de Expertos que considera y adopta los informes por país.

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En su séptima edición, el Informe Global de la Corrupción (IGC) se centra en el sector crucial del agua y, basándose en la experiencia del movimiento de TI, en particular de los aportes de los capítulos de todo el mundo, ofrece una perspectiva sobre el estado global de la corrupción y de los numerosos esfuerzos realizados para combatirla.

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The Communication for Governance and Accountability Program (CommGAP) is a global program at the World Bank with two complementary goals. The first is to promote the use of communication to help governance reform programs work under real world conditions. The second is to promote the building of democratic public spheres -characterized by plural and independent media systems, free flow of information, and free debate and discussion- because these are permanent institutional mechanisms for securing good governance and accountability.

CommGAP defines communication broadly as the communication principles, processes and structures that help to define a society's socio-political context. These include institutions that influence and shape public opinion, such as the media, and the legal and regulatory frameworks that affect the free flow of information between governments and citizens.

Three areas form the core of CommGAP's work: Research and Advocacy, Training and Capacity Building, and Support to Development Programs and Projects.

"As decisões das cortes no Paraguai e na República Dominicana representam progressos claros na proteção e no cumprimento do direito a informação. Eles devem ser usados como inspiração na América Latina e no Caribe para garantir que as pessoas em toda a região tenham acesso a informações guardadas pelo governo", afirmou Agnès Callamard, diretora executiva da ARTIGO 19.

Uma decisão do Tribunal de Apelação Civil e Comercial de Assunção no dia 2 de maio de 2008 afirma que o direito de acesso a informação "encontra sua justificativa no direito mais genérico, essencial às democracias deliberativas e participativas, de formar livremente as opiniões e participar de modo responsável nos assuntos públicos". O tribunal também declarou que "qualquer negativa de oferecer informações sobre a estrutura da instituição - inclusive sobre o quadro de pessoal - ou da aplicação dos recursos orçamentários, que não caia em alguma das exceções permitidas pelas normas, constitui uma negativa injustificada e que viola o direito constitucional de acesso à informação". A decisão esclareceu ainda que o pedido de acesso a informação não depende da apresentação de uma justificativa.

Em outra decisão recente, a Suprema Corte de Justiça da República Dominicana determinou ao Escritório Presidencial para o Reordenamento dos Transportes (Opret, na sigla em espanhol) que entregue ao jornalista Luis Eduardo Lora informações relacionadas ao metrô de Santo Domingo. A Suprema Corte reconheceu que a Lei de Livre Acesso à Informação Pública (lei 200-04) estabelece certas limitações ao acesso em razão de interesses públicos, como o interesse nacional. Mas a Suprema Corte entendeu que a divulgação dos estudos não prejudica o interesse nacional, pois são informações de interesse público - já que interessa aos cidadãos saber se antes de se iniciar a construção do metrô foram feitos estudos que assegurassem a viabilidade e a segurança do projeto.

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