El 13-07-2007 la Ley No. 170-07, del Sistema del Presupuesto Participativo Municipal, establece los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio. Se destina el 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la Ley No. 163-03 a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto.

"Los servidores públicos de los municipios tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde expliquen a la sociedad sus acciones, y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas", señala el artículo 11 de la legislación. De esta manera, se abre un nuevo ciclo en la vida de las municipalidades dominicanas con más democracia y transparencia, y con un mayor compromiso y aporte de los ayuntamientos al desarrollo de sus comunidades.

Ver http://www.clad.org.ve/fulltext/do-170-2007.pdf

El 13-06-2006 se firma un acuerdo entre el gobierno y las principales fuerzas sindicales del sector público sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En él se recoge el apoyo de los representantes de los trabajadores a las líneas directrices y al contenido global del proyecto. Entre los puntos más relevantes del anteproyecto de ley figuran:

• Crea un modelo homogéneo de función pública, un marco básico para todos los empleados públicos en la totalidad del país, al tiempo que respeta las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos para mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
• Se modernizan las normas de acceso y los procesos de selección, apostando por la profesionalización de los órganos de selección anteponiendo, en su elección, los criterios técnicos a la adscripción política o sindical. Por último, la formación (derecho y un deber de los empleados públicos) se debe adaptar permanentemente a los cambios del entorno económico, social y tecnológico.
• Un Código de Conducta o Ética de la Función Pública debe regular los derechos y deberes de los empleados públicos y es de obligada aplicación independientemente de la administración para la que se trabaje.

El 18-01-2006 el Ministerio de Auditoría y Control aprueba la Resolución No. 13/06, Indicaciones para la Elaboración y Sistemático Control del Plan de Medidas para la Prevención, Detección y Enfrentamiento a las Indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción, la cual deroga la Resolución No. 13 de 06-02-2003 sobre esta materia.

Trata de diversas acciones ideológicas, técnico-organizativas y de control, dirigidas a eliminar o reducir al mínimo posible, las causas y condiciones que propician hechos de indisciplinas e ilegalidades, que continuadas y en un clima de impunidad, propician y facilitan las manifestaciones de corrupción. Las acciones están dirigidas a establecer el procedimiento de elaboración del plan de prevención anticorrupción en cada organismo y entidad del Estado, a través del órgano de dirección y los funcionarios o trabajadores de los cuadros bajos. El contenido del plan, los problemas y las soluciones, debe ser discutido y acordado en cada ente u organismo, bajo la premisa de que en cada institución se presentan problemas específicos no necesariamente asimilables en otros campos organizacionales, y por tanto, con diferentes soluciones.

Los Estados deben mostrar un mayor compromiso en generar, cuando no las tengan, leyes que aseguren el acceso a la información como un derecho humano, para de esa manera ayudar a la consolidación de las democracias de la región. Así lo recomienda la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información.

La Relatoría Especial solicita a los Estados que adopten las medidas legislativas y las prácticas necesarias para garantizar ese derecho, y que asignen recursos para implementarlas. Además, los invita a remitir toda la información sobre las medidas que adopten para cumplir con sus obligaciones internacionales.

El propósito principal de este estudio es analizar el impacto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros, y su calidad de referente para los Estados en cómo avanzar sobre este tema. Este caso implicó que, por primera vez, un tribunal internacional señalara que el derecho de acceder a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión.

El Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información revisa los antecedentes regionales e internacionales referidos al tema, plantea los principios que deben constar en un régimen jurídico, y evalúa las condiciones que deben ser tomadas en cuenta al establecer un sistema de restricciones a ese derecho.

"El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma", afirma el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez.

Entre los elementos y garantías que deben considerarse en ese régimen de acceso a la información, el estudio señala al principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, excepto cuando está sujeta a un sistema de restricciones. Las personas no tienen que acreditar un interés directo para obtener información, ya que el Estado debe darles la información que soliciten, a menos que a ese pedido se le aplique una restricción legítima.

Además, los Estados y las instituciones públicas deben promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público para el ejercicio del derecho de acceso a la información. El estudio también afirma que en una legislación sobre este derecho la obligación de suministrar información debe ser amplia para abarcar a todos los órganos del poder público y entidades privadas que ejerzan funciones públicas. Añade también que cuando se les pide información con la que no cuentan, los Estados deben generarla y reunirla a través de distintas fuentes. La Relatoría Especial estima que los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia también implican un deber básico de recolección, registro y difusión de oficio de información por parte del Estado.

En tanto, según el estudio, un sistema de restricciones de acceso a la información debe basarse en las limitaciones permitidas por la Convención Americana. Por esa razón, las restricciones tienen que estar claramente establecidas por ley, y sus fines deben ser legítimos de acuerdo a la Convención Americana (derechos o reputación de los demás; seguridad nacional; orden público; y salud o moral públicas). Para que una negativa a dar información sea considera legítima, los Estados deben responder por escrito a quien la haya pedido, y deben especificar los motivos y fundamentos legales que justifican esa restricción.

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Chile's highest court issued a seminal ruling this week, declaring for the first time that the right of access to government information is protected by the constitution's guarantee of freedom of expression.

The Justice Initiative intervened in the case in April 2007 by filing a friend of the court brief. The Justice Initiative's brief, filed in coordination with the Chilean transparency group Pro Acceso, argued that third party (private) information held by the state should be disclosed, unless such disclosure would clearly harm legitimate commercial interests. The Constitutional Tribunal agreed, striking down a statutory provision that granted officials excessive discretion to withhold information in the name of private interests.

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Las organizaciones de la sociedad civil pueden acreditarse en línea para las reuniones anuales de 2007 del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de hacer más participativo, aumentar la transparencia de las informaciones públicas y evitar posibles conductas ilícitas o dudas ante la ausencia de apertura. Las reuniones se llevarán a cabo durante el fin de semana del 20 al 22 de octubre en las sedes de ambas instituciones, en la ciudad de Washington. Al igual que en años anteriores, del 18 al 22 de octubre se organizará el Foro sobre políticas relativas a la sociedad civil, un programa de diálogo sobre políticas para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El sistema de inscripción en línea que recibe las solicitudes de acreditación de las OSC comenzó a funcionar el 1 de agosto de 2007 y estará disponible hasta el 14 de septiembre de 2007.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acreditan OSCs que participan con estas dos instituciones en un programa de operaciones de desarrollo y diálogos sobre políticas a nivel local, nacional y mundial. No existen limitaciones con respecto al número de miembros de una determinada organización que pueden solicitar acreditación, pero se debe tener presente que cada solicitud sólo se aplica a la persona que presenta la información.

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Panel: A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO- XI Congreso Internacional del CLAD, realizado del 7 al 10 de noviembre de 2006 en Ciudad de Guatemala, Guatemala

BUENAS PRÁCTICAS EN PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA AGENDA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA (Eds.)
Secretaría Ejecutiva de Probidad y Transparencia del Gobierno de Chile - Santiago, Chile

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TRANSPARENCIA & SILENCIO: ENCUESTA SOBRE LEYES Y PRÁCTICAS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 14 PAÍSES
STEPHEN HUMPHREYS, SANDRA COLIVER; DAVID BERRY Y CHUCK SUDETIC (Eds.)
Open Society Justice Initiative - Nueva York, Estados Unidos

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INVESTIGACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?
ISMAEL LÓPEZ OCAMPO Y JAIME LÓPEZ (Eds.)
Red PROBIDAD - San Salvador, El Salvador

ACCESS TO INFORMATION: AN INSTRUMENTAL RIGHT FOR EMPOWERMENT
REBECCA BORNE AND MICAELA FINOLI
ARTICLE 19 - London, United Kingdom; ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES - Buenos Aires, Argentina