Versión estenográfica de las palabras del PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO, durante la ceremonia en la que inauguró el IV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) “Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”, en el salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos.
Muy distinguido señor César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados Americanos;
Muy apreciado señor José Natividad González Parás, Presidente ahora del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y Presidente de nuestro Instituto Nacional de Administración Pública;
Muy apreciado señor José Alberto Bonifacio, Secretario General del CLAD;
Excelentísimos señores embajadores;
Señoras y señores representantes de diversos organismos internacionales;
Señoras y señores:
Me es muy grato saludarlos con motivo de la inauguración del IV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
En nombre del pueblo y del Gobierno de México, les doy la más cordial bienvenida. Nos sentimos muy complacidos de que hayan elegido a nuestro país como sede de éste tan importante encuentro.
Felicito muy sinceramente al Consejo Directivo saliente por su eficaz desempeño al frente de esta organización, y saludo con especial afecto a los integrantes del nuevo Consejo Directivo.
Deseo a Natividad González Parás y a los demás integrantes del Consejo el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades.
Me da gusto encontrarme nuevamente con integrantes del CLAD, del que hace unos años, cuando todavía era joven, tuve la enorme satisfacción de ser presidente de su Consejo Directivo.
A lo largo de casi tres décadas, el CLAD se ha acreditado como espacio privilegiado para el análisis, la difusión y el intercambio de experiencias en torno a la función del Estado y la Administración Pública en América Latina, el Caribe y la Península Ibérica.
La comunidad de raíces históricas y culturales de nuestras naciones v el compromiso intergubernamental que animan al CLAD, lo convierten en firme apoyo para el diseño de políticas públicas en nuestros países y para estimular una integración más provechosa entre nuestros pueblos.
Hoy, cuando los Estados nacionales latinoamericanos, como lo mencionaba Natividad González Parás, siguen inmersos en profundos procesos de cambio, las funciones de una institución como el CLAD adquieren mayor relevancia.
Además, en todas las naciones del mundo se está replanteando la necesidad de reformar los gobiernos, que los hagan entidades mejor preparadas para cumplir su función más importante, que es el impulsar el bienestar social de los pueblos. De ahí la gran pertinencia del tema de este Congreso: La Reforma del Estado y de la Administración Pública.
Desde hace varios años los mexicanos comenzamos una profunda Reforma del Estado en lo jurídico, en lo político, en lo social y en lo económico.
Como bien lo dijo el nuevo presidente del Consejo Directivo, esta reforma no ha sido producto de una sola voluntad, sino de la suma de muchos esfuerzos individuales y colectivos.
En México queremos un Estado fuerte no por su tamaño, sino por su capacidad, para cumplir sus tareas sustantivas.
Queremos un Estado sólido, en su capacidad de rectoría y cercano a la gente para servirla mejor; capaz de escuchar y responder con eficacia a las demandas de educación y salud, de capacitación para el trabajo, de atención a la vivienda, el abasto, la nutrición y el desarrollo equilibrado de nuestras regiones.
Un Estado capaz de sumar y estimular la participación de todos en la atención de problemas y rezagos que se remontan muy atrás en el tiempo, a veces siglos atrás, y cuya solución rebasa la sola acción gubernamental.
Por eso, desde el inicio de mi Mandato, convoqué a los mexicanos a participar en una profunda Reforma del Estado para sustentar el desarrollo con justicia que todos deseamos.
El desarrollo demanda, en primer término, un marco jurídico capaz y eficaz en todos los órdenes de la convivencia social: en la justicia, en la política, en las actividades productivas y en el desarrollo social.
Por eso, la primera iniciativa que como Presidente de la República sometí a consideración del Honorable Congreso de la Unión fue una reforma constitucional para fortalecer el estado de derecho en dos vertientes.
Una, para reforzar substancialmente la independencia del Poder Judicial Federal, especialmente en relación al Poder Ejecutivo; y otra, para mejorar la coordinación y los instrumentos de que disponen las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Gracias a la aprobación de esta Reforma, México cuenta hoy con un Poder Judicial Federal mejor dotado para actuar con plena independencia, honestidad, imparcialidad y profesionalismo.
El Poder Judicial tiene nuevas capacidades para resolver controversias constitucionales entre los distintos poderes y órdenes de Gobierno.
La otra vertiente de esta Reforma Constitucional, la de seguridad pública, busca conferir, y lo está logrando, a las autoridades estatales y federales herramientas más eficaces para hacer frente a la delincuencia.
Al mismo tiempo, se ha promovido la reforma y depuración de las instituciones de procuración de justicia y los cuerpos de policía.
La independencia fortalecida del Poder Judicial, leyes más acordes con la alta y renovada peligrosidad de la delincuencia organizada, instituciones modernizadas y un sistema que obliga a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, son resultados tangibles de la Reforma del Estado en materia de justicia.
Se trata de instrumentos que están empezando a operar y con los que confiamos en que en poco tiempo empezaremos a ver resultados concretos y perceptibles Para la Población que le confieran la seguridad de vivir realmente en Fin País de leyes.
Para los mexicanos, el combate eficaz a la delincuencia es tan importante como el respeto a los derechos que tiene en todo momento cada persona. No admitimos que el combate a la delincuencia se haga pasando Por encima de a la ley y la dignidad de las personas.
Por eso, hace tiempo que en México se ha venido consolidando un sistema de protección a los derechos humanos, que hoy se encuentra y se cuenta entre los más extensos del mundo.
En México existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos correspondientes en cada una de las entidades federativas.
Hace poco el Congreso aprobó una reforma adicional para fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional.
Junto con el fortalecimiento de nuestro estado de derecho, uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma del Estado ha sido el afianzamiento de las condiciones para el ejercicio cabal de nuestra democracia.
Los mexicanos queremos una democracia donde las diferencias no sean motivo de división y encono, sino fuente de acuerdos de largo alcance para dar estabilidad al esfuerzo de todos por un México mejor.
Por eso, hace años que se emprendió un esfuerzo muy serio y también muy exitoso para la Reforma Política.
Ha sido un proceso largo que hemos podido consolidar gracias a la participación de todos: de los ciudadanos, los partidos políticos y las instituciones de gobierno.
Hace cuatro años, los partidos representados en el Congreso de la Unión aprobaron de manera unánime la Reforma Constitucional en Materia Electoral, a la que convoqué aún antes de asumir la Presidencia.
A partir de la Reforma Constitucional y de las leyes que de ella se derivaron, los mexicanos hemos renovado nuestra confianza en los procesos electorales sobre nuevas bases de certidumbre y equidad.
Ahora, ya no es el Gobierno quien se encarga de organizar y realizar las elecciones, sino un organismo ciudadano y autónomo.
Ahora las controversias electorales son dirimidas por un tribunal que forma parte del Poder Judicial y en cuya integración y funcionamiento no interviene el Poder Ejecutivo.
Ahora existen reglas transparentes y justas para financiar campañas políticas y regular equitativamente el acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación, señaladamente los medios electrónicos.
Estas reformas han sido aplicadas en todas las entidades federativas de acuerdo con la realidad de cada una, y es por ello que hoy podemos decir con satisfacción que en México vivimos ya en un marco de normalidad democrática.
Las reformas en justicia y en política han sido acompañadas simultáneamente de cambios profundos en nuestra economía.
Es claro que sin una economía fuerte y en crecimiento dinámico, no se pueden obtener los recursos que demanda el desarrollo integral de las personas y las regiones, que a su vez da fundamento al desarrollo completo de la República.
Mediante el cambio estructura¡ en la economía, se han abierto espacios que antes estaban reservados al Estado. Este cambio estructural se ha visto reforzado durante el actual Gobierno con reformas legales en materia de telecomunicaciones, ferrocarriles, aviación civil, aeropuertos, navegación, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Y todo esto ha provocado muy considerables volúmenes de inversión adicionales y modernización de nuestra infraestructura básica.
El cambio estructural fortalece las facultades normativas del Estado, garantiza los derechos de los trabajadores y preserva la responsabilidad pública con la población de menores ingresos económicos.
Gracias al cambio estructural, hemos podido destinar a la atención de necesidades sociales básicas cuantiosos recursos públicos que antes se dedicaban con poca eficacia, por cierto, a los sectores que se abrieron a la participación de los particulares.
Como ya lo indiqué, el esfuerzo y las responsabilidad mayores del Estado están con el desarrollo social y el combate a la pobreza.
Gracias al esfuerzo de los mexicanos, para dar nueva fortaleza a nuestra economía y a partir del compromiso social que orientan las acciones del Estado, hoy estamos destinando al gasto social 60 por ciento del presupuesto programable de la Federación.
Para hacer más eficaces los resultados de este gasto, hemos incorporado de manera creciente en su ejercicio a las autoridades locales; es decir, estatales y municipales.
La redistribución de recursos y responsabilidades del centro a los estados y municipios, forma parte del nuevo Federalismo que los mexicanos estamos construyendo para hacer más eficaz, moderna y transparente la función social del Estado.
Las autoridades locales, ustedes lo saben bien, son las que mantienen un contacto más estrecho con la población, conocen mejor las necesidades de cada grupo social, de cada localidad y de cada región, y también las soluciones más adecuadas.
En un país como México, con una enorme diversidad cultural y regional, con una vigorosa pluralidad política y con una participación cada vez más diversificada en la economía global, alentar el Federalismo es el mejor medio para lograr el desarrollo con justicia social.
En esta tarea hemos avanzado mediante la descentralización de funciones, facultades y recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Federal a los gobiernos estatales y municipales.
Como secretario de Educación Pública, tuve la satisfacción de haber tenido la responsabilidad de descentralizar la educación básica, que fue uno de los procesos de descentralización más grandes del mundo por la dimensión de la infraestructura, los recursos humanos y financieros, y por la relación laboral con el mayor sindicato de América Latina.
Como Presidente de la República he seguido impulsando este esfuerzo con la descentralización de otros ámbitos educativos, como la educación media superior, la educación tecnológica y la educación profesional técnica.
Asimismo, se descentralizó la construcción de escuelas y se encuentra en proceso avanzado de descentralización la educación para adultos.
En 1999 se inició la descentralización de los servicios de salud para población no asegurada, la cual se concluyó en tan sólo un año.
Además, se está avanzando decididamente en la descentralización de la política agropecuaria, la gestión ambiental, el manejo del agua. la operación y mantenimiento de carreteras, y el impulso la turismo.
Un indicador muy significativo del cambio que se está generando, con la renovación de nuestro federalismo, es la comparación entre los recursos que ejerce la Federación y los que ejercen estados y municipios.
A principios de 1995 por cada peso que la Federación gastaba los gobiernos locales gastaban 78 centavos de recursos federales descentralizados. Este año, por cada peso que gasta la administración pública centralizada, los gobiernos estatales y municipales reciben uno y medio para su ejercicio directo.
Mediante formas novedosas de transferencia de recursos se ha fortalecido substancialmente la capacidad de gestión de estados y municipios; en particular, este año, se están transfiriendo a los municipios más de 25 mil millones de pesos de recursos federales, cuando en 1997 esta cantidad fue de sólo 8 mil millones.
Este fortalecimiento del federalismo del que he mencionado sólo algunos aspectos -los más importantes- y que los mexicanos continuaremos con vigor tiene, sin embargo, dos condicionantes, para mí, fundamentales.
La primera, es la función compensatorio que tiene el gobierno nacional. Esta función consiste en destinar recursos obtenidos de regiones con una mayor prosperidad relativa a aquellos lugares en que se tienen las mayores necesidades sociales. Este es un deber irrenunciable y es inherente al federalismo, pues, estar unidos en una federación tiene sentido, precisamente, para que nos ayudemos unos a otros; para que las entidades federativas con más ventajas respalden a las que tienen mayores rezagos. Esta función compensatorio hace posible que el federalismo contribuya, del modo más completo posible, al desarrollo integral y a la justicia social en toda la nación.
La otra condicionante es la unidad nacional, que es el valor más importante de los mexicanos. En el marco jurídico y político, de un federalismo renovado, se fortalece, ciertamente, el libre despliegue de las peculiaridades culturales, regionales y políticas de cada región. Al mismo tiempo, este nuevo marco, cobra cabal sentido sólo si contribuye a fortalecer la unidad de la nación.
A lo largo de nuestra historia los mexicanos hemos comprobado que, unidos, somos más fuertes; que unidos podemos enfrentar, con éxito, las más grandes dificultades. En un auténtico federalismo se consigue el equilibrio entre la unidad nacional, la diversidad cultura¡ y la vida propia de estados y municipios.
En un auténtico federalismo se fortalece la identidad de todos los mexicanos y se alienta a la vocación y la capacidad de gobierno autónomo en estados y municipios.
La reforma del Estado, en México, incluye, también, un gran esfuerzo de modernización de la administración pública para que éste ejerza sus funciones con absoluta honestidad y transparencia, con una rendición de cuentas puntual y una normatividad que lejos de obstruir estimule las iniciativas ciudadanas.
Ahora disponemos de mejores instrumentos para la evaluación, seguimiento, control, ejecución y corrección de los programas de gobierno en favor de un servicio público más eficaz.
Al modernizarse la regulación de las actividades económicas se ha logrado reducir a casi la mitad el número de trámites que las empresas se veían obligadas a realizar al inicio de esta Administración.
Como parte de la reforma del gobierno se ha alentado la participación organizada de la población en la formulación y la ejecución de programas y políticas publicas, con lo que se está generando una verdadera contraloría social para la supervisión de obras y servicios públicos.
Acciones, como éstas y otras muchas que sería largo enumerar, forman parte del esfuerzo para consolidar una administración pública moderna y eficaz, firmemente asentada en la realidad y capaz de resolver los desafíos que nos presenta ya el siglo XXI.
Son experiencias que compartimos con nuestros hermanos de Iberoamérica, tanto porque en muchas de nuestras naciones se viven procesos similares de reforma del Estado como porque el conocimiento de cada experiencia nacional enriquece a las demás.
Sé que en este Congreso, como ya se dijo, se harán reflexiones profundas y valiosas sobre las experiencias de cada país aquí representado.
Estoy seguro de que sus trabajos enriquecerán las posibilidades de que en el próximo siglo América Latina constituya una región mejor integrada, más próspera y, sobre todo, más justa.
Con esta confianza, me es muy grato hoy, martes 19 de octubre de 1999, declarar formalmente inaugurados los trabajos del IV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. ¡Que tengan éxito, mucho éxito en sus trabajos!