1. En el marco de las grandes oportunidades que genera el proceso de globalización, se encuentra en un lugar relevante el referido a las transformaciones que se deben realizar para potenciar la competitividad y hacerla compatible con las reformas del Estado que garanticen la gobernabilidad democrática. En este sentido corresponde a los Estados articular un proyecto de país que sea capaz de convocar a los distintos sectores para trabajar mancomunadamente en una estrategia de desarrollo que persiga el logro de los equilibrios económicos, sociales y ambientales.

2. La globalización económica y la dimensión transnacional de los fenómenos políticos, económicos y sociales, muestran la imposibilidad de concebir la problemática pública únicamente como una materia interna de cada país, por lo que se hace indispensable potenciar una cultura de integración, estableciendo mecanismos de coordinación entre los Estados. Bajo este mismo espíritu se debe estudiar la conveniencia de desarrollar instituciones supranacionales con fuerte capacidad tecnológica, diseños organizativos flexibles, cultura de servicio a la integración y recursos humanos de excelencia.

3. La Reforma del Estado presupone, obligatoriamente, la necesidad de articulación de un Estado comprometido con el bienestar económico, las libertades políticas y la cohesión social, orientado hacia la obtención no sólo de la eficacia de las instituciones y organizaciones estatales a los distintos niveles del Gobierno, sino también hacia la creación de condiciones para un desempeño eficiente del sector privado que, en conjunto con el desarrollo de las redes sociales, permitan garantizar un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sustentable, así como la mayor distribución posible del poder en la sociedad.

El Estado debe situar a los ciudadanos como punto focal de su actuación, con el objetivo de mejorar su calidad de vida por la vía de la equidad social, la igualdad de oportunidades, la justa distribución de la riqueza, la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y la promoción de la educación y de la salud.

4. Las nuevas tendencias obligan al redimensionamiento de la participación del Estado en la producción directa de bienes y servicios de acuerdo al principio de la subsidiariedad, de forma a hacer prevalecer la función reguladora y promotora de los intereses de la sociedad civil. El establecimiento de una nueva arquitectura de su organización, haciéndola más flexible y transparente, constituye el lógico corolario de esa línea de actuación.

La Reforma del Estado es un proceso integral que debe abarcar no sólo los esfuerzos emprendidos por el poder ejecutivo, sino también los relacionados con los poderes legislativo y judicial, teniendo como propósitos fortalecer su capacidad institucional y su legitimidad, entre otras, a través de la transparencia y el control social, de modo de hacer más racional y eficiente el marco normativo que rige la actividad socioeconómica y política de nuestros países. En este contexto se vuelve también indispensable combatir la corrupción en todas sus dimensiones y el rescate de los valores éticos en el ejercicio de la función pública.

5. Los procesos de descentralización político-administrativa constituyen parte integrante de la reforma del Estado, como forma de asegurar una mayor proximidad de las instituciones públicas a los ciudadanos, una satisfacción más adecuada de sus necesidades y la participación más activa de la sociedad civil en el ámbito público.

   La descentralización es un proceso complejo y dinámico que debe adecuarse a las realidades de cada país. El fortalecimiento de las regiones y municipios conduce, inevitablemente, a una redistribución de recursos en términos políticos, institucionales y económicos. Para tal efecto, el proceso de descentralización necesita de la cooperación y del consenso entre los diferentes niveles de la administración, teniendo como objetivo la optimización de las políticas públicas.

LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO:

EQUILIBRAR LA EFICIENCIA CON LA EQUIDAD

6. La importancia del rol de la Administración Pública reside en su capacidad de dar cuerpo a las funciones del Estado de forma eficaz y eficiente, teniendo en cuenta las repercusiones de su desempeño en la profundización de la democracia participativa, en el desarrollo económico, social y cultural, y en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

   No siempre la maquinaria administrativa ha sabido responder a tales desafíos, volviéndose un aparato pesado, generador de déficit, de ineficiencias, de despilfarros y hasta de frenos a la normal satisfacción de las necesidades del ciudadano/cliente/usuario. Se vuelve necesario evaluar una nueva estrategia de gestión y modernización de la Administración y de la Función Pública.

7. La implementación de una nueva cultura de relación entre el Estado y el ciudadano destaca la importancia de la creación y desarrollo de mecanismos de control y participación del ciudadano/usuario en la formación del producto final de la actividad administrativa, de la simplificación de los procedimientos administrativos, de la consagración del derecho a la información, y de la multiplicación y profesionalización del sistema de atención al público.

8. La introducción de una cultura de gestión pública, orientada por criterios de eficiencia y eficacia supone el establecimiento de objetivos claros y cuantificables, los cuales deberán asumirse como marco de referencia de una administración de calidad.

   Asimismo, significa imprimir condiciones de flexibilidad, de capacidad para interpretar las señales de cambio, de velocidad de respuesta y de adaptación a las transformaciones cotidianas.

   Además, la institución de mecanismos de evaluación del desempeño de los servicios, sea a través de actividades de inspección, sea mediante el recurso regular a la acción de auditorías de gestión, constituye una medida necesaria para salvaguardar, simultáneamente, el interés público y el de los destinatarios de la actividad administrativa.

9. La profesionalización y motivación del personal público constituye el factor clave, capaz de articular los demás factores intervinientes en la producción de la actividad administrativa.

   Una política permanente de formación y capacitación de gerentes públicos, la creación de estructuras de carreras profesionales dinámicas y abiertas, la implementación de sistemas para la movilidad interdepartamental e interprofesional, la institucionalización de mecanismos de evaluación del desempeño que conduzcan al establecimiento de un sistema de mérito, constituyen algunas líneas de orientación para adelantar una política de gestión de recursos humanos que tenga en consideración las nuevas realidades.

10. Para acompañar la revolución tecnológica con un rediseño en tiempo real de las administraciones públicas, se hace necesario realizar inversiones significativas en tecnología de la información y en reingeniería de los procesos y organizaciones, de acuerdo a las innovaciones producidas.
11. La modernización de la gestión pública orientada a hacer efectivos los objetivos de eficiencia con equidad social requiere impulsar la innovación, la formación amplia de liderazgos y urgentes decisiones de fortalecimiento de la gestión pública de la salud, el reentrenamiento laboral y la educación básica y superior, la gestión tecnológica y la regulación y el control que protejan los intereses de los usuarios y beneficiarios de los servicios públicos.

EL ROL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA REDEFINICIÓN DEL ESTADO DIRIGIDO HACIA EL FUTURO

En este marco se debe fortalecer la cooperación a nivel bilateral y multilateral, incluyendo en ésta el CLAD, la ONU, el BID y otros organismos internacionales, así como promover la realización regular de conferencias internacionales en el ámbito iberoamericano, el establecimiento de protocolos con el propósito de llevar a efecto visitas de trabajo y de estudio en las distintas administraciones y el intercambio de experiencias, legislación y documentación.

RESOLUCIONES

III