La corrupción, como desnaturalización de lo público en favor de lo privado es un problema de gran complejidad pues involucra a diversos actores, razones y espacios de actuación a nivel local, regional, nacional y global. Problema que no se circunscribe únicamente a los sectores gubernamentales, sino a todo aquel acto que por esencia es de carácter público, como la ejecución de los fines del Estado y por tanto de la Administración Pública, junto a las normas formales e informales de convivencia ciudadana de una sociedad, y que por diversos motivos como interés, necesidad, rutina o codicia se hace privado. Proceso que por naturaleza es oculto mas sus consecuencias son visibles por cuanto significa problemas institucionales, sociales, culturales, económicos e internacionales.

Hoy día Iberoamérica está en presencia de un proceso de juridización de la ética pública como respuesta a la demanda social de mayor transparencia y responsabilidad en la actividad pública para frenar la corrupción percibida como generalizada en la Administración Pública. Sin embargo, el proceso presenta asimetrías y problemas en cuanto al logro de sancionar óptimamente tales normas de transparencia, anticorrupción y códigos de conducta y, sobre todo, dificultades en su aplicación y consiguiente disminución de la corrupción en cualquiera de sus formas.

El CLAD, frente a este panorama, realiza un esfuerzo regional para luchar contra la corrupción a través de la Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Ética Pública (RICOREP).

La RICOREP congrega a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen la función de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones, y rescatar los principios éticos en el ejercicio de la función pública. Esta Red también se integra con personas que desarrollan estudios e investigaciones sobre el tema.

La Red, constituida por un acuerdo entre las instituciones participantes en el Foro Iberoamericano de Combate a la Corrupción organizado por el CLAD en 1998, adoptó por consenso sus objetivos, incluyendo el intercambio de información sobre la estructura y organización de cada una de estas instituciones y la normativa vigente en materia de enfrentamiento a la corrupción. Además, promueve eventos relacionados con el tema, el intercambio de profesionales, la realización de actividades de formación, investigación, consultoría técnica y difusión de publicaciones especializadas.